Diputados de varios partidos presentaron este miércoles en el Congreso Nacional proyectos de ley orientados a prohibir que los colegios magisteriales absorban el reciente aumento salarial otorgado a los docentes, homologar las cotizaciones de todos los institutos de previsión y realizar un censo de infraestructura educativa, entre otras iniciativas.
Proteger salario de docentes
Entre otros proyectos relacionados con temas de educación y magisterio, figuró el proyecto presentado por el diputado nacionalista por Santa Bárbara Mario Reyes, en el que se plantea prohibir que colegios magisteriales o cualquier organización gremial absorban el aumento salarial otorgado recientemente a los maestros por el Gobierno.
Con la aprobación por el Congreso del Presupuesto General de la República para 2026 se autorizó el aumento que va de 1.500 a 5.538 lempiras para los docentes, en función de los distintos niveles y funciones que tienen en el sistema educativo, como reconocimiento a su esfuerzo y dedicación.
Sin embargo, señaló el diputado, se ha visto que parte de este aumento no llega completo a los docentes, debido a las deducciones aplicadas por algunos colegios magisteriales que absorben total o parcialmente este incremento, lo que está afectando directamente el ingreso de los maestros.
Es por ello que presentó la iniciativa orientada a prohibir que los colegios magisteriales o cualquier otra organización gremial de docentes capten o absorban el incremento salarial aprobado para los maestros.
“Se prohíbe a los colegios magisteriales o cualquier otra organización gremial de docentes efectuar deducciones que impliquen la captación o absorción total del incremento salarial aprobado a favor de los maestros en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2026”, finalizó el diputado Mario Reyes.
Por su parte, el diputado nacionalista por Copán Rony Alvarado presentó un proyecto encaminado a declarar de orden público la regulación de las deducciones aplicadas al salario de los docentes por concepto de aportaciones a los colegios magisteriales.
Homologar cotizaciones
El diputado del Partido Liberal por Cortés Carlos Umaña presentó un proyecto de ley enfocado en la jubilación, para homologar el porcentaje de cotización de todos los institutos de previsión del país.
Con esta iniciativa, indicó Umaña, se busca devolver al grupo vulnerable de la tercera edad el derecho a tener una salud igualitaria.
A la vez, se busca que el cálculo de la jubilación se realice de la misma manera que a los derechohabientes activos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que mantienen un techo de cotización establecido.
“Como exempleado del Seguro Social, que trabajé 28 años ahí, siempre consideré mal que los ancianos pagaran más que los derechohabientes activos porque les cobran por la totalidad de su jubilación”, enfatizó el diputado Umaña.
Censo educativo
Asimismo, el diputado del Partido Nacional por Atlántida Remberto Zavala presentó un proyecto de ley encaminado a fortalecer el sistema educativo del país en materia de infraestructura, mediante un censo que determine el régimen de propiedad de las instalaciones escolares.
Zavala mencionó que muchos centros educativos no cuentan con título de propiedad a nombre de la Secretaría de Educación, sino del Estado de Honduras.
Esta situación afecta enormemente cuando el Estado y los organismos internacionales quieren desarrollar proyectos de infraestructura en los centros educativos, argumentó.
Expuso que la Secretaría de Educación tiene el apartado de construcciones escolares, que exige que todo centro escolar seleccionado para ser intervenido por el Estado, o que recibirá un beneficio de una institución internacional, debe tener título de propiedad a nombre de la Secretaría de Educación, no del Estado de Honduras.
“Con la falta de este requisito indispensable se frenan proyectos de mejoras continuas, remodelaciones, construcción total o ampliación; es por ello que no califican para obtener el derecho a proyectos de infraestructura”, expresó el diputado Remberto Zavala.
En el proyecto se ordena a la Secretaría de Educación realizar en un plazo no mayor de 12 meses un censo nacional para identificar todos los centros educativos públicos que no cuentan con título de propiedad inscrito a su nombre.
El censo deberá incluir como mínimo la ubicación geográfica del centro educativo, situación legal del inmueble, entidad que figura de titular y cualquier conflicto o limitación jurídica.
